Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de la localidad mexicana de Tenancingo, quedó envuelta en un escándalo luego de que la justicia la acusara de haber fingido un secuestro con el objetivo de usar el supuesto rescate de 40 millones de pesos (2,3 millones de dólares) para cubrir un desfalco de su administración.
Esta semana, el diario La Jornada reveló que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acusaba a Nápoles Pacheco, a su esposo José Roberto 'N' y a otras cuatro personas de haber simulado la supuesta privación de la libertad, que la alcaldesa misma denunció el pasado 1 de junio.
🔴“Existe un propósito político para desacreditarme como persona”: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, respondió a los señalamientos sobre un presunto autosecuestro y el supuesto desvío de 40 millones de pesos.
— Azucena Uresti (@azucenau) June 18, 2026
Acusó una campaña política en su contra, exigió una… pic.twitter.com/hXHSFYRQof
Según su versión, el 31 de mayo llegaba a su casa cuando dos hombres y una mujer la interceptaron, la metieron por la fuerza al vehículo y la obligaron a llamar a sus familiares para pedirles que pagaran 40 millones de pesos a cambio de su liberación. También afirmó que el supuesto plagio duró solo una hora, gracias a que aprovechó un descuido de sus captores para escapar.
Sin embargo, la investigación arrojó sospechas sobre la supuesta víctima, ya que en las cámaras de seguridad de la zona se ve que la alcaldesa ingresa al vehículo sin ninguna presión violenta ni resistencia de su parte.
Además, el análisis de cientos de llamadas entre los acusados reveló que el falso secuestro comenzó a planearse en febrero pasado y la intención era que se dijera que el rescate había sido pagado con dinero de la alcaldía, lo que permitiría tapar el desfalco.
Advertencias
Este viernes, el diario Milenio publicó una entrevista en la que Nápoles Pacheco insistió en que el secuestro sí ocurrió y denunció que la Fiscalía no le había notificado oficialmente las nuevas imputaciones, que la convierten ahora a ella en la principal sospechosa. Según contó, se enteró del giro de la causa a través de las redes sociales.
La funcionaria aseguró que las acusaciones se deben a una persecución política en su contra y que no renunciará a su cargo. Además, consideró que la investigación debe quedar en manos de la Fiscalía General de la República y que demostrará que no hubo desfalco alguno, si se hacen auditorías.
Ante la polémica, su partido, el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), le dio la espalda e inició un procedimiento administrativo en su contra. De momento, el espacio político le suspendió sus derechos partidarios por contravenir el compromiso ético de "no robar, no mentir y no traicionar al pueblo".
